A la vista, reforma para devolver mercado a Pemex

La parte baja de la cadena de valor de hidrocarburos, es decir, su importación, distribución y comercialización podría sufrir el mismo destino que la generación de energía eléctrica con una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que se presentaría la próxima semana, según se comenta con más fuerza cada vez entre miembros de la industria y al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En dicha modificación legal se buscará continuar con la ruta que se ha seguido en la industria eléctrica: el Ejecutivo buscará fortalecer a la empresa estatal restando mercado a las empresas que llegaron al país tras la reforma energética para importar, distribuir y vender petrolíferos en el país, limitando la entrega de permisos que otorga la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía, respectivamente.

Y al igual que en la generación eléctrica, se buscará esta modificación a la Ley luego de que la vía administrativa no funcionó, porque aunque en diciembre de 2019 se derogó la regulación asimétrica contra Pemex para incentivar la competencia en el libre mercado de gasolinas que se basaba en el Acuerdo 057/2018 de la CRE, en que el regulador determinaría los precios tope de venta de primera mano de combustibles y Pemex estaría obligado a publicar los descuentos que otorgaba, el acuerdo administrativo que reducía la vigencia de los permisos de importación de 15 a máximo cinco años, publicado el pasado 26 de diciembre, fue suspendido por el juez Juan Pablo Gómez Fierro gracias al amparo de industriales afectados.

A decir de Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero profesional de Pemex, no existe información oficial sobre la contrarreforma en hidrocarburos, pero parece posible.

“El dato significativo y del que no se habló mucho, fue la abrogación del Acuerdo del 26 de diciembre que cambiaba las reglas para los permisos de importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos. Se abrogó a inicios de este mes, cuando ya varias empresas habían ganado amparos provisionales”, dijo el especialista.

Antes de la suspensión que otorgó el juez, Ruiz Alarcón expuso que en el caso de la importación de combustibles, el Acuerdo podría ir en contra de la libre competencia, estipulada en el artículo 25 de la Constitución, y algún demandante pudiera argumentar que las disposiciones en la materia, buscan priorizar a Pemex sobre otras empresas para evitar que siga perdiendo participación en el mercado de combustibles.

“Tal vez sea mejor revisar integralmente el tema a la luz de la política petrolera del gobierno, agregando en la Ley de Hidrocarburos, que la producción nacional de petróleo, pública o privada, tendrá como destino primordial, satisfacer las necesidades de la demanda interna, por lo que únicamente satisfecha ésta, se podrán realizar exportaciones de crudo. Tal y como se hizo durante décadas en Estados Unidos. De su lado, la restricción a las importaciones de combustibles, pareciera necesitar de una reforma constitucional”, aseveró el experto.

Nuevo golpe a inversionistas

Según Marcial Díaz, analista de Lexoil Consultores, cada vez son más los rumores sobre esta modificación legal que se presentaría la próxima semana afectando a miles de inversionistas y la imagen del país ahora en el sector de hidrocarburos.

Pero además, se rumora también la posibilidad de restar facultades a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), al tratar de que pierdan autonomía de gestión y presupuestaria, ya que hoy funcionan prácticamente como secretarías de Estado pero con el cambio legal volverían a ser desconcentrados de la Secretaría de Energía.

“Estamos hablando de nueva cuenta de cambios que se contraponen a la Constitución así que la batalla será la misma y el objetivo fortalecer a Pemex en contra de la competitividad del país”, dijo el experto.

Ramsés Pech, analista del sector energético, dijo a su vez que la iniciativa de modificación legal podría ser introducida por el senador de Morena Ricardo Monreal y no por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuente: El Economista